En un análisis sobre el escenario político argentino posterior al triunfo electoral de 2011, Guillermo Robledo, sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó una fuerte ofensiva contra el poder mediático y judicial, en paralelo con medidas de integración regional y reformas económicas. Entre los hechos destacados, se mencionó el reconocimiento del Estado palestino por parte del Mercosur y el avance de la ley para regular Papel Prensa, interpretados como señales de confrontación con sectores concentrados.
Robledo vinculó ese contexto con la muerte del economista Iván Heyn, presentada como un episodio rodeado de sospechas y utilizado como “mensaje mafioso” hacia dirigentes del oficialismo. También se recordó la persecución judicial y mediática contra figuras como Amado Boudou y posteriores conflictos políticos durante el segundo mandato kirchnerista.
Desde 2012 se profundizó una estrategia de desgaste político que incluyó ataques contra organizaciones sociales, sindicalistas y funcionarios cercanos al gobierno. Además de los enfrentamientos con sectores gremiales liderados por Hugo Moyano y las disputas en torno a proyectos de reforma institucional.
El análisis concluyó que el llamado “lawfare” se consolidó durante los años siguientes y se intensificó con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, afectando a dirigentes, jueces y funcionarios mediante presiones políticas, judiciales y mediáticas.