El fallo por Aerolíneas reabre el debate sobre las privatizaciones y la deuda histórica
La reciente condena de la Justicia de Estados Unidos que obliga a la Argentina a pagar 391 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas volvió a instalar una vieja discusión: el costo que dejaron las privatizaciones de los años noventa y el rol de los fondos que compran litigios para obtener millonarias ganancias. Desde una mirada crítica, el fallo no solo representa un nuevo golpe para las arcas públicas, sino también la consecuencia de un proceso de vaciamiento empresarial que, según sus detractores, nunca fue debidamente reparado.
La reconstrucción de los hechos apunta a que, tras la gestión de Iberia, el grupo Marsans adquirió Aerolíneas sin cumplir las inversiones prometidas, profundizando el deterioro de la compañía hasta dejarla con patrimonio neto negativo. Posteriormente, el reclamo internacional habría sido transferido entre distintos fondos de inversión, desembocando en la sentencia conocida esta semana.
El eje del análisis sostiene que la Argentina debería abandonar una posición exclusivamente defensiva y avanzar en mecanismos jurídicos como la subrogación de derechos, reclamando compensaciones por los perjuicios ocasionados durante las privatizaciones. A ello se suma otro concepto central: el valor llave, entendido como el valor económico intangible de las empresas, que —según esta postura— nunca fue contemplado al momento de las ventas y representó una enorme transferencia de riqueza al sector privado.
Desde esta óptica, bancos internacionales y empresas privatizadas conformaron una misma trama financiera que favoreció la fuga de capitales y el endeudamiento del país. Por ello, se reclama que un futuro gobierno impulse acciones judiciales para recuperar esos recursos y que el Procurador del Tesoro asuma un papel protagónico en esa estrategia.
Más allá de las diferencias políticas, el debate vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta de fondo: si la Argentina debe seguir pagando las consecuencias de decisiones adoptadas décadas atrás o revisar, mediante herramientas legales, el verdadero costo económico de aquellas privatizaciones.