El abogado penalista (UBA), integrante del Centro de Estudios Génera, Asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación especialista de Cibercrimen, Alan Gauna, explicó en #Desmalezando en qué consisten las distintas políticas de prevención, seguridad y cibercrimen que se están llevando a cabo durante la pandemia del covid-19 y cuál fue su impacto en la gestión gubernamental anterior.
El asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación comentó que su artículo publicado en el dossier de Génera “Cómo Construir el Futuro” tuvo como principal inspiración “poner en contexto a la audiencia acerca de la relación que existe entre el ciberdelito y la preservación al derecho de la privacidad en función a esta nueva realidad la que resulta ser un desafío en época de pandemia. Decidí escribir un artículo que congeniaba dos aspectos que de suma relevancia y trascendencia en la vida cotidiana de todos y todas que son, por un lado, la seguridad, que resulta ser uno de los grandes ejes que se está discutiendo en la opinión pública; y, por otro lado, todo lo que está relacionado al mundo de lo Cibernético, de lo digital, al espacio dentro del internet, que es un lugar que no tiene grandes regulaciones normativas con lo cual uno como usuario pueda llegar a buscar y encontrarse. Creo que esta discusión de lo público y lo privado en el espacio del internet es algo bastante complicado de poder definir ya que no tiene un límite establecido y claro. Las redes sociales hoy en día son una clara demostración de eso cuál de cuál sería lo público; lo que antes entendíamos por privado hoy no queda tan claro a raíz del uso de las redes sociales”.
Gauna comentó que “el artículo pretende un poco discutir todo lo que sea en el ámbito de internet, ciberespacio. La realidad es que hay muchísima información pero lo que sucede es que para el ciudadano común confluyen dos cuestiones y disciplinas que no están en el boca a boca de la cotidianidad, que son la informática, por un lado, con bagaje lingüístico y con un lenguaje muy técnico usando palabras en inglés y, por otro lado, en el espacio del derecho que también tiene un lenguaje propio y técnico. En ese sentido hay mucho por escribir, hay mucho por pensar, hay mucho por elaborar y también hay mucho por regular”, al entender al Estado como principal impulsor de políticas públicas en tanto que “no estamos advirtiendo que ese espacio de la internet es un mundo desconocido para muchísimos de nosotros y nosotras en verdad está regulado no por un Estado sino por empresas privadas, es decir, que toda esta información que nosotros volcamos día a día por redes, esta información nosotros la estamos buscando en un espacio que la dominan y controlan empresas privadas. Entonces, por qué adelantarnos a ese temor de que sea el Estado el que venga a decir cuáles son las reglas con las cuales nosotros vamos también a convivir en ese espacio y dejárselo regalado, relegado, dominado y regulado por empresas privadas”.
El abogado penalista opinó, además, que en la coyuntura que nos atraviesa por el coronavirus, es que “la forma en que la opinión pública debate estas cuestiones está más vinculada con el delito o quizás cuando es producto o víctima de una estafa a través de llamados telefónicos o consumo phishing por el envío de mails y todas esas cuestiones. Creo que es necesario una política pública comunicacional por parte del Estado. Considero que es algo que debe ser una política de estado en una política de un gobierno partidario sino que tiene que ser una política de estado la democratización de la información informática y de los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para hacer uso de la informática en el espacio de internet pero también es muy complicado y muy difícil porque hay que pensar que el Internet es algo es un espacio transfronterizo los límites y las jurisdicciones no son bien claras son tajantes estamos hablando de usuarios que pueden estar en Argentina y estar intercambiando datos con servidores que se encuentran alojados en otros países entonces ahí surgió una discusión muy interesante acerca de la soberanía, es difícil.
“Realmente la información es abundante pero no está democratizada en una comunidad en la cual estamos hablando las 24 horas del día de determinados temas que no son ajenos en el día a día. Me animé a realizar este artículo introduciendo esta discusión y quizás más vinculado con el tema del delito, de hecho, una de las estadísticas que pude recapitular y estudiar tenían que ver con por qué existe un bajísimo nivel de denuncias vinculadas a delitos informáticos y una de las cuestiones que saltan es principalmente esa es el desconocimiento o la falta de información que tiene la ciudadanía denunciar determinados delitos que están relacionados con el uso de la informática. Estafas en este momento de la pandemia quizás hay un pico denuncia porque estamos empezando a conocer y darnos cuenta en el Estado se están haciendo diferentes publicidades y publicaciones para alertar de que, potencialmente, estamos siendo víctimas de este tipo de delitos. Este desconocimiento es usufructuado por la delincuencia una delincuencia que tiene un nivel de formación para poder acceder, vulnerar y violentar el uso de la informática y los dispositivos de internet que son los que usamos día a día”, detalló el integrante del Centro de Estudios Génera.
El Asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación sentenció que el “Cibercontrol no es hacer inteligencia. Si nosotros creemos que la publicación de este nuevo protocolo de seguridad es algo nuevo o es algo que no sucedía en Argentina nos estamos equivocando. En la Argentina, desde el año 2018, la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tenía su propio protocolo para que las fuerzas puedan ejecutar tareas de ciberpatrullaje. Había elaborado un protocolo que era secreto, digo que era secreto porque en la administración pública una tiende a vigilar determinado nivel de normas y de resoluciones que después son publicadas correspondientemente en el boletín oficial, pero dicho el protocolo no fue publicado en el boletín oficial, con lo cual eso determinó un montón de arbitrariedades a la hora de ejecutar y escuchar medidas de prevención en los espacios cibernéticos que tuvieron como resultado que aproximadamente 68 personas hayan estado detenido por presuntos delitos contra el orden público era nada más y nada menos que manifestaciones en una red social. A lo que voy es que lo único que se hizo en este momento es que blanquear algo que estaba sucediendo y agregarle un montón de límites, barreras y normativas que impidan que esta pulsión punitivista avance sobre el derecho de las personas”.
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Redacción: Paula Serrichio
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