Días antes de la votación que convirtió en ley el aborto en Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que indicó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
El documento tiene como base datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad. Según el CELs, las mujeres criminalizadas en su mayoría son "pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias".
En diálogo con Télam, la abogada feminista Soledad Deza aseguró que las mujeres criminalizadas por aborto dentro del primer trimestre de gestación "inmediatamente deberían quedar sobreseídas".
Las voceras del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD) coincidieron con la letrada: "Siempre que los abortos sean compatibles con lo que se estipula ahora en la ley (antes de la semana 14 e inclusive), juezas y jueces que intervienen en esas causas tienen que actuar de oficio. Es decir, no lo tiene que pedir nadie, y deben aplicar la ley penal más benigna, que es la nueva ley donde ya no es delito cometer un aborto antes de la semana 14", expresaron.
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