A Carolina Perona (25 años, docente en formación, alumna en el Instituto Joaquín V. González) el mail le cayó como un baldazo de agua fría. En el mismo, las autoridades del Instituto Madre de los Emigrantes, colegio católico y de gestión privada de La Boca para el cual había sido seleccionada para cubrir una suplencia, le informaban que el puesto, repentinamente, le era negado a causa de una “licencia de viaje”.
Pero ella sabía claramente que era mentira. Luego de haber pasado tres instancias de entrevista dadas en el mes de julio (en las cuales notificó, desde la primera, que en agosto realizaría un viaje que afectaría un solo día laboral) el Instituto la había citado para completar la documentación restante. Fue entonces cuando la secretaria, con evidente asombro, le preguntó a Carolina si su estado civil era el correcto, ya que está casada en el marco de la ley de matrimonio igualitario, aprobada en nuestro país en el año 2010.
Como si estuviéramos aún en la Edad Media y amar fuera un delito, una semana más tarde Carolina recibió aquel correo con excusas falsas, cerrándole la puerta a un puesto de trabajo que ya tenía asegurado antes de saberse su orientación sexual.
Cabe aclarar que la autoridad máxima del colegio, que a su vez es quien lo representa legalmente, es un cura, por lo que no es de extrañar que haya sido él quien le impidió el trabajo al conocerse su estado civil.
A raíz de este hecho, madres del Instituto se han acercado a Carolina a expresarle su apoyo, en repudio a las medidas tomadas por las autoridades escolares. Además, lxs alumnxs han empezado a alzar la voz para destapar situaciones de discriminación que han vivido dentro del colegio y por parte de las autoridades escolares, quienes se pronuncian como “inclusivos” solo porque aceptan a personas de distintas religiones e ideologías.
Sin embargo, la práctica inclusiva pareciera tener sus límites para estas personas, que rechazan a una docente con experiencia sólo porque está casada con una mujer, faltando el respeto no solo a todo un colectivo que lucha diariamente por sus derechos, sino también a un acuerdo de trabajo que ya había sido resuelto previamente.
Actualmente, Carolina está enfrentando un juicio para con las autoridades del colegio, ya que éstas no reconocieron (luego de una instancia legal de conciliación) ningún daño moral hacia su persona ni el colectivo LGBTIQ+, haciendo caso omiso de la Ley Antidiscriminatoria 5261.
Esperamos que la situación tenga una resolución justa y que estos actos de lesbofobia no vuelvan a ocurrirle a nadie más.
