Vemos con preocupación como ante la clara recesión económica que atraviesa la Argentina, producto de las decisiones propias del Gobierno Nacional, el Presidente Mauricio Macri utilice un tema tan sensible para las pymes como es la industria del juicio y la manipule con claros fines electorales.
La industria del juicio existe, es un flagelo sobre todo para las pymes y no es una novedad de este período gubernamental sino que viene desde hace años. Es un tema serio y, principalmente, costoso para las empresas nacionales pymes.
Queremos destacar que nada tiene que ver atacar y eliminar la industria del juicio con reducir el salario de los trabajadores. La flexibilización laboral es tarea excluyente de la UIA, AEA y del G6, entre otros, que nada tienen que ver con los intereses de los empresarios nacionales. Nosotros vivimos del mercado interno, del poder adquisitivo de los trabajadores, no de las especulación financiera o de los grandes negocios con el Estado.
Sea mafia ó industria, la responsabilidad recae tanto en el Estado Nacional que no cumple su rol de garantizar los derechos y las responsabilidades como en las ART, el Poder Judicial y en el colectivo de abogados participes necesarios por acción u omisión en este flagelo para las pymes.
Por lo tanto la industria del juicio no es responsabilidad de una sola persona. Señalar como responsable y estigmatizar públicamente al Diputado Nacional Héctor Recalde por su profesión de abogado laboralista es una maniobra políticamente deshonesta por parte del Presidente Mauricio Macri, y debería retrarcarse públicamente ante semejante agravio y autoritarismo político.
Queremos resaltar que la caída de la actividad productiva, el desempleo que toca el 10% en las grandes ciudades de la Argentina y la caída del consumo no son producto de la industria del juicio sino de las políticas económicas concientes y voluntarias llevadas adelante por el Gobierno Nacional y sus CEOs. En síntesis, por una recesión autoinflingida.
Repudiamos que se utilice con fines electorales y de forma tan liviana este delicado flagelo que acosa a las pymes. Ya el año pasado se impulsaron pomposas leyes desde el poder ejecutivo como la mal llamada "ley pyme" que no resuelven ninguna cuestión estructural para las empresas que viven del mercado interno. Sin soluciones de fondo 9 de cada 10 pymes no tomarán nuevos trabajadores este año.
Por lo tanto demandamos una vez más que se convoque al diálogo entre el Gobierno Nacional, los empresarios nacionales pymes y los trabajadores organizados, sin la intermediación de lobbistas ni ceos, para encontrar una solución inmediata que proteja tanto a las pymes como a los trabajadores de esta práctica desleal que afecta a las empresas nacionales pymes en su conjunto.
