La reaparición de obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) volvió a instalar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en Argentina. El caso de una niña de Santiago del Estero, embarazada tras un abuso sexual intrafamiliar y sometida a demoras para acceder a la práctica médica, encendió las alarmas entre organizaciones feministas y referentes de la salud pública.
En diálogo con el programa Informe de Pájaros, la docente y secretaria de política del Partido Comunista santiagueño, Cecilia Campos, advirtió que “la aprobación de la ley no es suficiente” si no existen garantías reales para su aplicación. Señaló que en hospitales públicos abundan profesionales objetores de conciencia, situación que “dilata las prácticas y pone en riesgo la salud de mujeres, adolescentes y niñas”.
Campos denunció además el desfinanciamiento del sistema sanitario, la falta de métodos anticonceptivos y la ausencia de campañas de información pública sobre salud sexual. “Ni siquiera hay algodón en algunos centros de salud, imaginate métodos anticonceptivos”, sostuvo.
La referente feminista remarcó que las provincias más conservadoras presentan mayores barreras para garantizar derechos y cuestionó también los ataques a la Educación Sexual Integral (ESI). “Es vital que se implemente en las escuelas porque la desinformación deja a niños y niñas más expuestos a situaciones de abuso”, afirmó.
Finalmente, subrayó que la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares y reclamó mayor compromiso estatal para prevenir la violencia y garantizar el acceso igualitario a la salud y a los derechos reproductivos.