La posibilidad de impulsar un juicio político contra el presidente aparece, según el análisis del doctor Osvaldo Ortenberg, más condicionada por la falta de voluntad política que por la ausencia de argumentos. El especialista sostiene que existen causales para avanzar, pero advierte que el obstáculo central está en la composición de la Cámara de Diputados y, sobre todo, en la necesidad de una movilización social capaz de presionar al sistema político.
“Prácticamente solo tiene que ver con la voluntad política y la voluntad política acompañada por la movilización del pueblo”, afirmó Ortenberg, al explicar que la Constitución contempla el juicio político por mal desempeño, delitos comunes o delitos cometidos en el ejercicio de la función.
El problema, según su mirada, es que la Comisión de Juicio Político cuenta con una mayoría oficialista y aliada que dificulta cualquier avance. Por eso, aunque los pedidos puedan multiplicarse, sin una oposición dispuesta a actuar y una sociedad movilizada, el mecanismo institucional queda prácticamente bloqueado.
La conclusión resulta incómoda: las herramientas constitucionales existen, pero por sí solas no alcanzan. “Sin una movilización unificada, no se puede hacer nada”, sintetizó Ortenberg.
En este escenario, el debate sobre el juicio político deja de ser solamente jurídico y se transforma, fundamentalmente, en una discusión sobre poder, representación y capacidad de organización política.