Persecución política en Bolivia: denuncian detenciones arbitrarias y un “estado de excepción” contra dirigentes sociales
La abogada y militante Ruth Verónica Huanca Aranibar aseguró que el gobierno boliviano impulsa una ofensiva judicial contra referentes campesinos e indígenas. «Se están vulnerando derechos humanos y garantías constitucionales», afirmó.
La situación política en Bolivia atraviesa un nuevo capítulo de tensión. Durante la entrevista en A Vos Patria, la abogada y militante Ruth Huanca denunció una presunta escalada de persecución política contra dirigentes del movimiento campesino e indígena, a quienes acusa de ser víctimas de detenciones arbitrarias y procesos judiciales bajo cargos de terrorismo, instigación a delinquir y organización criminal.
Entre los casos mencionados figuran el del profesor Freddy Mamani y el de Vilma Lanoca, ambos vinculados al espacio político de Evo Morales. Según Huanca, las detenciones fueron ejecutadas «sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso», en el marco de un estado de excepción que, afirmó, restringe libertades civiles como la expresión y la libre circulación.
La dirigente sostuvo que el objetivo del Gobierno es «instalar un estado de terror» para frenar las protestas sociales mientras avanza con medidas económicas cuestionadas, como la privatización de empresas estatales y la aprobación de nuevos endeudamientos. «Los derechos humanos no se suspenden ni siquiera en un estado de excepción», remarcó.
Huanca también cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y denunció una supuesta injerencia del Ejecutivo en la designación de magistrados. En ese contexto, expresó su solidaridad con los dirigentes detenidos y llamó a fortalecer la organización popular para enfrentar la crisis política.
Durante la entrevista, además, calificó como ilegítima la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, al sostener que el movimiento campesino fue proscripto electoralmente. «No existía democracia popular; las clases trabajadoras no tuvieron candidato», afirmó, y atribuyó el escenario político a un «golpe judicial» que, según su visión, continúa vigente en Bolivia.