Antes del tratamiento en el Senado, el denominado “Super RIGI” quedó en el centro de una fuerte disputa política y jurídica. La iniciativa, aprobada en Diputados, amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones hacia sectores como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y biotecnología, con un piso de inversión de US$1.000 millones y un paquete de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años.
El principal foco de conflicto radica en que los críticos sostienen que el proyecto favorece a grandes corporaciones tecnológicas internacionales —como Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft— mediante estabilidad tributaria, reducción de impuestos y libre disponibilidad de divisas, mientras traslada los costos al Estado y limita la capacidad de provincias y municipios para definir sus propias políticas fiscales.
Otro punto cuestionado es que la norma no delimita con precisión qué actividades podrán acceder al régimen, dejando esa definición en manos del Poder Ejecutivo mediante la reglamentación. Organizaciones especializadas advierten que esta delegación podría vulnerar el artículo 76 de la Constitución Nacional, que restringe la transferencia de facultades legislativas salvo en situaciones excepcionales.
También se objeta la posibilidad de que las empresas diriman controversias en tribunales internacionales, lo que, según los detractores, implica una cesión de soberanía jurídica. A ello se suman críticas por la ausencia de exigencias ambientales, como el uso de energías renovables o regulaciones sobre el consumo de agua y energía de los data centers, condiciones que sí contemplan países como Brasil y Chile. El debate, sostienen, no pasa por atraer inversiones, sino por las condiciones bajo las cuales se las promueve.