La Ley de Basura Cero, pionera en América Latina y aprobada por unanimidad en 2005, prometía eliminar el entierro de residuos para 2020. Dos décadas después, las metas fueron incumplidas, se flexibilizó la normativa y el negocio de la recolección continúa absorbiendo miles de millones de pesos.
La basura en la Ciudad de Buenos Aires expone una de las contradicciones más profundas de la gestión pública urbana: una legislación considerada ejemplar a nivel regional que, veinte años después de su sanción, permanece prácticamente incumplida. La Ley 1854 de «Basura Cero», aprobada por unanimidad en 2005, establecía una reducción progresiva del envío de residuos a rellenos sanitarios hasta alcanzar el objetivo de cero enterramiento en 2020. Sin embargo, las cifras muestran un escenario opuesto.
Actualmente, la Ciudad continúa enviando alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales de residuos al CEAMSE, organismo creado durante la última dictadura militar y encargado del tratamiento final de los desechos metropolitanos. Las metas originales de reducción —30% para 2010, 50% para 2012 y 75% para 2017— nunca fueron alcanzadas. Para ese último año, la reducción apenas llegó al 26%.
La investigación también revela cómo, en 2018, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se modificó la normativa para habilitar nuevamente la incineración de residuos, eliminando una prohibición vigente desde la década de 1970. Paralelamente, persiste un sistema de recolección privatizado cuyos orígenes se remontan a concesiones otorgadas durante la dictadura a empresas vinculadas al grupo Socma, propiedad de la familia Macri.
A esta situación se suma la criminalización de recuperadores urbanos y cartoneros, actores fundamentales del reciclado formal reconocidos por ley desde 2002. Las recientes sanciones impulsadas contra quienes recuperan materiales reciclables contrastan con el espíritu original de la Ley de Basura Cero.
Mientras el presupuesto destinado a la recolección representa cerca del 6% del gasto total porteño, especialistas advierten que la basura continúa siendo no solo un problema ambiental, sino también un reflejo de desigualdades sociales, decisiones políticas incumplidas y un negocio multimillonario que, dos décadas después, permanece intacto.